A partir del 1 de julio de 2025, los repartidores y conductores que trabajan mediante aplicaciones como Uber, DiDi y Rappi podrán acceder a los servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Para obtener este derecho, deberán cumplir con una carga mínima de 80 horas conectados al mes en la plataforma y generar ingresos iguales o superiores al salario mínimo mensual, que actualmente ronda los       7 500 pesos mexicanos. Además del acceso al IMSS, la reforma contempla vacaciones pagadas, licencias médicas y otras prestaciones establecidas en la Ley Federal del Trabajo. Sin embargo, el beneficio solo será otorgado si el trabajador acepta el monitoreo de su actividad para verificar el cumplimiento de estos requisitos. La medida ha generado divisiones en el gremio, al considerar algunos que se pierde la flexibilidad que caracteriza a este tipo de empleo.

Mientras una parte del sector celebra el avance como un reconocimiento legal a su labor, otros manifiestan su inconformidad al señalar que la medida fuerza a los trabajadores a jornadas similares a un empleo tradicional, pero sin el pleno reconocimiento como empleados. Organizaciones como la Unión Nacional de Trabajadores por Aplicación (UNTA) han denunciado que algunas manifestaciones contra la reforma, como las ocurridas en Paseo de la Reforma, podrían haber sido organizadas por las propias plataformas, interesadas en conservar el modelo actual sin asumir obligaciones patronales. De acuerdo con Sergio Guerrero, secretario general de la UNTA, existe evidencia de respaldo financiero de las apps hacia repartidores que expresan públicamente su rechazo a la reforma. En este contexto, México enfrenta el reto de establecer reglas claras para un modelo laboral que hasta ahora ha operado fuera del marco legal tradicional.

Fuente: Informa BTL.