Donald Trump planteó un incremento a los aranceles actuales del 25 % sobre automóviles importados, con el argumento de que así se incentivará la producción automotriz dentro de Estados Unidos. El anuncio fue hecho durante la firma de una ley que revierte normas ambientales en California, las cuales prohibían la venta de autos a gasolina a partir de 2035. Esta decisión fue celebrada por ciertos sectores industriales y petroleros, pero generó inquietud entre los socios comerciales de EE. UU., como México, cuya economía depende en gran medida de la industria automotriz. Trump afirmó que un arancel más alto forzará a las armadoras extranjeras a establecer fábricas dentro del país, y citó el caso de General Motors, que anunció una inversión de 4 000 millones de dólares en sus plantas estadounidenses para evitar futuras sanciones comerciales.

Desde México, voces del sector como Gerardo Tajonar, presidente de la ANIERM, señalaron que la medida tendría consecuencias directas sobre una de las industrias más estratégicas para el país. Un aumento en los aranceles elevaría los costos de exportación de vehículos y autopartes, lo que afectaría su competitividad, reduciría la producción y pondría en riesgo miles de empleos. Especialistas como Daniel Covarrubias y Jorge Molina Larrondo criticaron la falta de base legal en la aplicación de estas tarifas bajo la sección 232 de la Ley de Expansión Comercial, originalmente concebida para proteger la seguridad nacional. La amenaza genera incertidumbre en las cadenas de valor de América del Norte, desincentiva la innovación tecnológica y compromete el cumplimiento del T-MEC, lo que podría derivar en disputas comerciales formales. Frente a esta escalada, analistas proponen reforzar la cooperación regional en materia aduanera e industrial para prevenir nuevas fricciones económicas.

Fuente: El Financiero.