Con apenas un 13 % de participación ciudadana, las recientes elecciones judiciales en México marcaron un giro inédito hacia la elección popular de jueces y magistrados, ya que favoreció ampliamente al partido oficialista Morena. Los resultados consolidan su influencia en los principales órganos judiciales del país, lo que incluye la Suprema Corte, el Tribunal Electoral Federal y el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial. Esta transformación institucional, impulsada desde el Ejecutivo, representa un cambio estructural en la manera en que se designan a los impartidores de justicia, lo que ha generado alarma entre sectores académicos, jurídicos y de la sociedad civil sobre su impacto en la división de poderes.

Pese a que el rediseño judicial fue promovido como un mecanismo para fortalecer la rendición de cuentas y combatir la corrupción en el sistema judicial, expertos y sectores opositores advierten que la iniciativa podría minar la independencia del Poder Judicial. La magistrada María Emilia Molina, presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras, calificó el proceso como una amenaza a la autonomía judicial, señaló que los jueces ahora estarán sujetos a intereses políticos. El desinterés ciudadano, los presupuestos limitados y la complejidad del proceso electoral evidencian una preocupante desconexión entre la población y la justicia electoral. La falta de información clara, sumada a la alta cantidad de candidatos, contribuyó a una participación mínima, lo que deja abierta la discusión sobre la legitimidad y eficacia de este nuevo modelo de selección judicial.

Fuente: The New York Times