La nueva propuesta del expresidente Donald Trump, que autoriza al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) a acceder a las cuentas de redes sociales de los solicitantes de asilo, residencia permanente y naturalización, ha desatado un fuerte debate legal y político en el país. Grupos defensores de los derechos civiles y constitucionales advierten que esta medida vulnera la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense al coartar la libertad de expresión de los migrantes y someterlos a vigilancia digital. El plan forma parte de una orden ejecutiva firmada el 20 de enero bajo el argumento de proteger a Estados Unidos de posibles amenazas a la seguridad nacional. A diferencia de requisitos previos aplicables solo a quienes pedían visas desde el extranjero, esta nueva normativa se extiende a migrantes que ya residen en el país, lo que amplia de forma significativa el alcance del escrutinio.

La propuesta se encuentra actualmente abierta a comentarios públicos hasta el 5 de mayo, y muchas de las opiniones recogidas en el portal gubernamental denuncian una posible violación de derechos fundamentales. Según diversas voces ciudadanas y expertos legales, la obligatoriedad de revelar los perfiles en redes sociales podría inhibir el ejercicio libre del pensamiento, al generar una forma de autocensura entre los solicitantes, quienes temen expresar opiniones críticas por miedo a represalias migratorias. Casos recientes, como el del estudiante Mahmoud Khalil, en proceso de deportación tras participar en manifestaciones propalestinas sin haber cometido delito alguno, ilustran los riesgos de una vigilancia arbitraria y sesgada. Por otro lado, algunos sectores que apoyan la medida sostienen que permite identificar actitudes supuestamente hostiles antes de otorgar beneficios migratorios, y presentan la iniciativa como una herramienta legítima de seguridad nacional. Sin embargo, los críticos advierten que esta práctica muestra similitudes preocupantes con los métodos represivos empleados en regímenes autoritarios.

Fuente: El País.