Las empresas mexicanas enfrentan desafíos crecientes para garantizar un ambiente laboral libre de acoso sexual, alineándose con normativas internacionales y locales. Convenios como el 190 de la OIT, ratificado por México en 2022, exigen implementar políticas inclusivas que prevengan la violencia y el acoso en el trabajo, y establecer mecanismos efectivos de investigación. Además, la Ley Federal del Trabajo y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia obligan a los empleadores a desarrollar protocolos específicos para prevenir y sancionar estas conductas, así se fortalece a una cultura de respeto en las organizaciones.

Ignorar estas normativas no solo genera riesgos legales y financieros, sino que también afecta la reputación empresarial y la moral de los empleados. Casos internacionales, como el de Fox News, demuestran las graves consecuencias económicas y reputacionales de no abordar el acoso de manera adecuada. Las empresas deben priorizar la capacitación especializada, contar con protocolos claros y recurrir a investigadores externos para garantizar imparcialidad en los casos reportados. Cumplir con estas responsabilidades no solo asegura un ambiente laboral seguro, sino que refuerza el compromiso empresarial con la igualdad y los derechos humanos.

Fuente: FTI