El 3 de diciembre de 2024, la Cámara de Diputados de México aprobó una reforma constitucional que prohíbe la producción, distribución y comercialización de cigarrillos electrónicos, vapeadores y dispositivos similares. Esta medida, respaldada por 410 votos a favor y 24 en contra, también incluye la prohibición de sustancias tóxicas como el fentanilo ilícito. La reforma modifica los artículos 4º y 5º de la Constitución al establecer sanciones para cualquier actividad relacionada con estos productos y sustancias.

La decisión ha generado debate. Algunos argumentan que la prohibición podría fomentar el mercado negro y beneficiar al crimen organizado, que ya controla la venta de vapeadores adulterados en varias regiones del país. Además, se señala que, aunque se prohíben los vapeadores, el consumo de tabaco tradicional sigue permitido, a pesar de que estudios indican que los cigarrillos electrónicos exponen a los usuarios a menos sustancias químicas dañinas que los cigarrillos convencionales.