El Congreso de la Unión aprobó una reforma al artículo 123 constitucional que obliga a las empresas a proporcionar viviendas adecuadas a los trabajadores mediante aportaciones al fondo nacional de la vivienda. Este fondo establecerá un sistema con orientación social que permitirá a los trabajadores derechohabientes obtener créditos accesibles para la adquisición o mejora de vivienda, así como acceder a viviendas en arrendamiento social con rentas no mayores al 30 % de su salario. Además, se priorizará el acceso a este tipo de vivienda para quienes hayan contribuido continuamente al fondo y no cuenten con una vivienda propia.

La reforma también prevé la creación de un organismo integrado por representantes del gobierno, trabajadores y empleadores para administrar los recursos del fondo, y establece que el Congreso deberá adecuar la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores en un plazo de 180 días. Asimismo, el Instituto deberá implementar un programa de eficiencia operativa para reducir costos. Esta medida busca reforzar la orientación social del sistema de vivienda y garantizar el acceso a este derecho de manera equitativa y transparente.

Fuente: DOF.