El gobierno de Donald Trump puso en marcha una nueva estrategia para enfrentar la evasión arancelaria, mediante la creación de una unidad especial dentro del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Esta unidad se enfocará en investigar y presentar cargos penales contra empresas e individuos que eviten el pago de aranceles mediante prácticas ilegales. Entre las acciones que pretende sancionar se encuentran la subvaluación de mercancías, el uso incorrecto de clasificaciones aduanales y la falsificación del país de origen. Hasta ahora, estos casos solían resolverse con sanciones civiles o acuerdos administrativos, pero el gobierno actual pretende elevar el nivel de respuesta. El objetivo es impedir que estas prácticas generen pérdidas fiscales por miles de millones de dólares y reducir el incentivo a la manipulación de importaciones justo antes de la entrada en vigor de una nueva ronda de aranceles.

Esta ofensiva coincide con el incremento de gravámenes impuesto por Trump, que contempla un 10 % generalizado sobre todas las importaciones, un 30 % sobre productos chinos y un 50 % para acero y aluminio. Las autoridades federales, incluidas la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), ya han intensificado la fiscalización sobre industrias clave como el acero, el aluminio, los textiles y otros bienes de consumo. De manera paralela, los fiscales han solicitado información a empresas sobre sus transacciones durante la administración Biden. Expertos legales han advertido que estas acciones buscan generar antecedentes sólidos para justificar posibles cargos penales. Además del impacto económico, el gobierno considera que el fraude aduanero también representa un riesgo de seguridad, al permitir la entrada de productos sin supervisión o provenientes de actores que buscan evadir sanciones internacionales.

Fuente: El Financiero.