La economía mexicana observa con atención el próximo 9 de julio, cuando vence la prórroga de 90 días otorgada por el presidente estadounidense Donald Trump para definir acuerdos comerciales y evitar nuevos aranceles. Durante este periodo, empresas y autoridades mexicanas han trabajado para proteger el acceso al mercado de EE. UU., al ajustar cadenas de suministro y certificar el origen de sus productos bajo el T-MEC. Analistas advierten que, de concretarse los gravámenes anunciados, el promedio de aranceles sobre importaciones estadounidenses podría elevarse a cerca de 20 %, frente al 3 % previo a la llegada de Trump a la Casa Blanca, lo que afectaría no solo a la industria manufacturera sino también al sector agroalimentario y automotriz. Este posible escenario genera incertidumbre en los inversionistas, que observan con cautela los efectos en el comercio bilateral.

En este contexto, el gobierno de Claudia Sheinbaum impulsa medidas para incentivar la manufactura nacional y reducir la dependencia de insumos asiáticos. La Secretaría de Economía colabora con el sector privado para identificar proveedores locales y reforzar el contenido regional, con el fin de sortear posibles sanciones comerciales y fortalecer la competitividad de las exportaciones. Expertos prevén que la volatilidad generada por la política arancelaria de Trump continuará ejerciendo presión sobre las cadenas de producción mexicanas, lo que obligará a planificar inventarios, contratación y precios con mayor cautela en los próximos meses. Además, se estima que los efectos se extiendan hacia sectores como el textil, la electrónica y los bienes de consumo, donde la exposición a insumos importados desde Asia resulta más elevada.

Fuente: Bloomberg en Línea.