Aunque el plazo inicial de la Ley Silla concluyó el pasado 17 de junio, las empresas mexicanas aún cuentan con un margen legal para aplicar esta disposición en su totalidad. La normativa, promulgada el 19 de diciembre de 2024, establece la obligación para los empleadores de proporcionar asientos con respaldo a los trabajadores, a fin de garantizarles periodos de descanso durante su jornada laboral. No obstante, el decreto considera plazos adicionales: la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) tiene hasta el 17 de julio para emitir una normativa que detalle los riesgos de estar en posición vertical durante lapsos prolongados, y posteriormente, las empresas dispondrán de 180 días para adecuar su reglamento interno. Esto implica que la exigencia formal de cumplimiento podría comenzar hasta diciembre de 2025.

La extensión de los plazos ha generado desconcierto entre algunos empleados, quienes esperaban que la medida se aplicara de inmediato tras finalizar el periodo inicial. La normativa que emitirá la STPS será clave para que los patrones formulen políticas internas alineadas con los nuevos criterios de salud laboral. En caso de incumplimiento, la Ley contempla sanciones económicas que oscilan entre 250 y 2 500 Unidades de Medida y Actualización (UMA), es decir, hasta 282 mil 850 pesos. Esta legislación, originalmente propuesta por Movimiento Ciudadano en septiembre de 2023, enfrentó varios obstáculos en el Congreso antes de ser aprobada en diciembre de 2024, lo que evidencia el debate político en torno al reconocimiento efectivo de los derechos laborales en México.

Fuente: El Financiero.