Desde el 1 de febrero de 2025, el presidente Donald Trump comenzó a endurecer su política comercial con la firma de órdenes ejecutivas que imponían aranceles del 25 % a productos de México y Canadá, y del 10 % a importaciones procedentes de China. El 3 de febrero se alcanzó un acuerdo provisional que pospuso la entrada en vigor de estas medidas hasta el 4 de marzo, cuando finalmente comenzaron a aplicarse. El gobierno estadounidense mantuvo ciertas excepciones, en particular para bienes energéticos canadienses y productos que cumplían con los requisitos del T-MEC. El 12 de marzo, Trump anunció nuevos aranceles del 25 % sobre todas las importaciones de acero y aluminio. Posteriormente, el 2 de abril proclamó el «Día de la Liberación Económica» y reveló la imposición de un arancel universal del 10 % para todas las importaciones, junto con tasas adicionales dirigidas a más de 60 países. Estas nuevas tarifas se activaron el 9 de abril, sin distinción por origen comercial.

El 15 de abril, varios países europeos, además de Canadá y México, presentaron quejas ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), mientras empresas estadounidenses alertaron sobre posibles efectos inflacionarios. El 28 de mayo, el Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos resolvió que Trump había excedido sus facultades legales al establecer estos aranceles sin la aprobación del Congreso, por lo que ordenó suspender su aplicación. Sin embargo, el 29 de mayo, la Corte de Apelaciones del Circuito Federal concedió una suspensión temporal de dicho fallo, lo que permitió mantener vigentes los aranceles mientras se resuelve el litigio. La decisión final sobre la legalidad de estas medidas aún está pendiente, en un contexto de tensiones crecientes entre Estados Unidos y sus principales socios comerciales.