El próximo 1 de junio, México vivirá un proceso electoral sin precedentes: más de 2600 cargos judiciales serán definidos por voto popular, se incluyen magistrados de tribunales locales, estatales, federales y miembros de la Suprema Corte. La iniciativa surge tras una reforma constitucional promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador y respaldada por su sucesora, Claudia Sheinbaum, con el objetivo de transformar profundamente el sistema de designación del poder judicial. Se trata de una modificación estructural que cambia la manera en que los jueces acceden a sus cargos, lo que rompe con décadas de nombramientos institucionales realizados por el Ejecutivo o el Legislativo. El cambio responde a una narrativa gubernamental que cuestiona la independencia del Poder Judicial y lo acusa de actuar como un freno político a ciertas reformas del oficialismo.

El cambio ha generado un intenso debate en el país. Los defensores de esta medida argumentan que la elección directa de jueces democratiza el sistema judicial, fomenta la transparencia y combate prácticas como el nepotismo y la corrupción que, según sus críticos, han debilitado la confianza pública en las instituciones. No obstante, sectores académicos, organizaciones civiles y expertos legales han expresado su preocupación por los riesgos de politización, la posible infiltración del crimen organizado y la postulación de candidatos sin experiencia ni preparación adecuada. La magnitud del proceso, que se desarrollará en un solo día, lo convierte en el ajuste institucional más ambicioso y arriesgado en la historia reciente del país. Su desenlace tendrá implicaciones profundas en la independencia judicial, el equilibrio de poderes y la calidad de la justicia en México.

Fuente: The New York Times.