La Administración Trump ha comenzado a aplicar restricciones de visa y sanciones a una lista de políticos mexicanos identificados por agencias de inteligencia y seguridad estadounidenses como presuntos colaboradores del narcotráfico. Entre los señalados figuran líderes del partido Morena, gobernadores estatales en funciones y exministros del gabinetefederal. La medida, considerada una escalada en la presión de Washington sobre el Gobierno mexicano, se ha ejecutado bajo criterios de la Sección 212 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, la cual permite declarar inadmisible a cualquier extranjero si se tiene razón para creer que participó intencionalmente en actividades ilícitas. Hasta el momento, Marina del Pilar Ávila, gobernadora de Baja California, ha confirmado la revocación de su visa, la cual también habría sido retirada a su esposo. La mandataria afirmó que no se le han imputado cargos y que la decisión se comunicó sin mayores explicaciones.

Funcionarios estadounidenses indicaron que estas acciones podrían complementarse con sanciones del Departamento del Tesoro, como la congelación de activos financieros en EE. UU. y restricciones para realizar transacciones con entidades estadounidenses. El proceso está siendo liderado por un grupo interno de la Casa Blanca bajo la dirección de Anthony Salisbury y supervisión de Stephen Miller, quienes retomaron información recopilada por la DEA en 2019, cuando México redujo su cooperación antidrogas. La Casa Blanca ha evitado comentar oficialmente sobre el contenido de la lista, pero fuentes cercanas señalaron que esta iniciativa se alinea con la estrategia de Trump para combatir el tráfico de fentanilo y otras drogas desde territorio mexicano. La presidenta Claudia Sheinbaum enfrenta así un nuevo desafío diplomático que podría impactar su narrativa de colaboración con Estados Unidos, mientras intenta reafirmar su control político en un contexto de creciente escrutinio internacional.

Fuente: El País.