La propuesta del presidente Donald Trump de designar a los cárteles de drogas mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras (FTOs) representa un desafío crítico para las empresas con operaciones en México. Esta medida no solo implica consecuencias legales, como severas multas y confiscación de activos para aquellas empresas que, incluso bajo coacción, realicen pagos a organizaciones vinculadas a cárteles, sino que también eleva los riesgos de cumplimiento en territorios controlados por el crimen organizado. Además, los sectores financieros y logísticos enfrentarán una carga administrativa mayor, al requerir monitoreo exhaustivo de transacciones y vínculos con entidades sancionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).

El impacto reputacional también es significativo, dado el precedente de casos internacionales donde empresas fueron sancionadas por presunto apoyo material a organizaciones terroristas. Las compañías deberán reforzar sus protocolos de cumplimiento, realizar auditorías constantes de proveedores y desarrollar estrategias para mitigar los riesgos legales y financieros. Este panorama desafiante destaca la necesidad de una preparación integral que combine análisis de riesgos, medidas preventivas y comunicación estratégica con socios comerciales y autoridades regulatorias para garantizar operaciones seguras y responsables en México.

Fuente: FTI